Resumen
La Contraloría General de la República tomó razón del decreto N° 586, de 2010, del Ministerio de Educación, que aprueba el convenio celebrado con la Universidad Tecnológica Metropolitana para financiar obras y equipamiento. El organismo concluyó que el acto se ajusta a derecho, pero formuló dos alcances. Primero, indicó que es la Universidad, y no la entidad que menciona la cláusula tercera del convenio, la obligada a ejecutar el proyecto. Segundo, dispuso que si el costo efectivo resulta inferior al estimado en la cláusula cuarta, la Universidad deberá devolver la totalidad del saldo al Ministerio, por ser este el único aportante de los recursos, sin aplicar la referencia a la proporción de aportes que contemplaba esa disposición.