Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la solicitud de una funcionaria que pidió el bono de retiro de la ley N° 20.305. El órgano concluyó que no tiene derecho a este beneficio porque cesó en sus funciones fuera del plazo legal, y que esta conclusión no se altera por las modificaciones introducidas por la ley N° 20.636. Según el artículo 2° de la ley N° 20.305, se exige, entre otros requisitos, tener 60 años de edad en el caso de las mujeres y poner término al contrato dentro de los 12 meses siguientes a cumplir esa edad. La desvinculación tardía, motivada por la espera de los requisitos de un incentivo anterior, fue considerada una decisión personal y no un caso fortuito o de fuerza mayor. Tampoco le aplica el artículo primero transitorio de la ley N° 20.636, porque su cese no se debió a causas ajenas a ella. Por estas razones, se ratificó el dictamen N° 32.692, de 2012.