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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de pagar la as…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2018

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la procedencia de pagar la asignación extraordinaria de la ley N° 20.924 a funcionarios de los departamentos de administración de educación municipal (DAEM) de la región de Atacama. Se determinó que dicho beneficio solo corresponde a los servidores expresamente señalados en la ley, por lo que no procede extenderlo a quienes no están incluidos. El acuerdo de la autoridad municipal para pagarlo no es obligatorio mientras no se regule por ley, y la norma sobre financiamiento solo fija la fuente de recursos. En consecuencia, se resolvió que el pago realizado por la Municipalidad de Copiapó en 2016 a funcionarios del DAEM no se ajustó a derecho, debiendo adoptar medidas para obtener el reintegro de las sumas, sin perjuicio de la facultad de los afectados para solicitar la liberación de la restitución.

Normas citadas

  • ley 20924 art/1 inc/1
  • ley 20924 art/1 inc/2
  • ley 19070 art/1
  • ley 18883 art/3
  • ley 20924 art/3
  • ley 10336 art/67
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Procede pagar la asignación extraordinaria de la ley 20.924 a funcionarios de un DAEM si la ley no los menciona expresamente?

No. En este dictamen, la Contraloría sostuvo que la asignación solo corresponde a los servidores expresamente señalados en la ley, por lo que no procede extenderla a quienes no están incluidos.

¿Puede un acuerdo municipal obligar a pagar la asignación extraordinaria de la ley 20.924 a personal que la ley no contempla?

No. La Contraloría resolvió que el acuerdo de la autoridad municipal no es obligatorio mientras no se regule por ley, y que la norma de financiamiento solo fija la fuente de recursos.

¿Qué debe hacer la municipalidad si pagó indebidamente una asignación a funcionarios que no tenían derecho a ella?

En este caso, la Contraloría concluyó que el pago no se ajustó a derecho y ordenó adoptar medidas para obtener el reintegro de las sumas, sin perjuicio de que los afectados puedan solicitar la liberación de la restitución.

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