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La Contraloría General de la República dictaminó que la Municipalidad de Peñaflor no se…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2014

Resumen

La Contraloría General de la República dictaminó que la Municipalidad de Peñaflor no se ajustó a derecho en un proceso de adquisición, al establecer criterios de evaluación y ponderaciones distintos a los previstos en las bases de licitación del convenio marco respectivo, y al no confeccionar el cuadro comparativo exigido por el artículo 14 bis del decreto N° 250, de 2004, del Ministerio de Hacienda. Se concluyó que se instauró un sistema de evaluación sustancialmente nuevo y diferente al contemplado en el pliego de condiciones, lo que vulneró la normativa aplicable. En consecuencia, se ordenó instruir un sumario administrativo para determinar responsabilidades, debiendo informar a la Contraloría en un plazo de 30 días, y se apercibió a la municipalidad para que en lo sucesivo se sujete a los criterios legales y jurisprudenciales analizados.

Normas citadas

  • dto 250/2004 hacie art/14 bis inc/3
  • dto 250/2004 hacie art/14 bis inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede un organismo público usar criterios de evaluación distintos a los de las bases en una compra por convenio marco?

No. En este caso, la Contraloría sostuvo que la municipalidad estableció criterios y ponderaciones distintos a los previstos en las bases del convenio marco, creando un sistema de evaluación sustancialmente nuevo, lo que vulneró la normativa aplicable.

¿Qué consecuencias tiene no confeccionar el cuadro comparativo exigido por el artículo 14 bis del decreto 250 de 2004?

En este caso, la Contraloría concluyó que la omisión del cuadro comparativo exigido por el artículo 14 bis fue un incumplimiento que, junto con la evaluación no ajustada a las bases, motivó la orden de instruir un sumario administrativo.

¿Qué debe hacer la Contraloría cuando un municipio no se ajusta a derecho en un proceso de adquisición?

En este caso, la Contraloría dictaminó la falta de ajuste a derecho, ordenó instruir un sumario administrativo para determinar responsabilidades, exigió informar en 30 días y apercibió a la municipalidad para que se sujete a los criterios legales en lo sucesivo.

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