Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre las solicitudes de reconsideración presentadas por instituciones públicas respecto de un dictamen anterior que observó eventuales irregularidades en procesos de contratación de servicios de publicidad. Los organismos recurrentes cuestionaban, entre otros aspectos, la exigencia de fundamentar las resoluciones de adjudicación. El órgano contralor desestimó esas peticiones, recordando que el artículo 41 de la ley N° 19.880 y el decreto N° 250, de 2004, imponen el deber de motivar los actos administrativos, expresando las circunstancias y el raciocinio que justifican la decisión. Aunque esa norma regula las licitaciones públicas, el Contralor estimó que no existen razones de fondo para no aplicarla también a los procesos de contratación en cuestión, pues en ambos se elige la propuesta más conveniente según criterios y ponderaciones previamente definidos, y porque el deber de fundamentar cautela la juridicidad y razonabilidad de las decisiones administrativas. En consecuencia, confirmó y complementó el dictamen N° 13.915, de 2013, y ordenó a las instituciones públicas recurrentes adoptar las medidas conducentes para ajustar sus actuaciones a las pautas allí establecidas y en el presente pronunciamiento.