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El Consejo para la Transparencia acoge el amparo deducido contra la Municipalidad de El…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2025

Resumen

El Consejo para la Transparencia acoge el amparo deducido contra la Municipalidad de El Quisco por la denegación de acceso a la grabación de una cámara de seguridad. Se estima que, al estar las cámaras en la vía pública y ser visibles para los transeúntes, la expectativa de privacidad es reducida. Aplicando los principios de máxima divulgación y divisibilidad, se concluye que los riesgos de afectación son mínimos y existe un interés legítimo de la reclamante, pues las grabaciones podrían constituir prueba para ejercer acciones jurisdiccionales. Se ordena entregar la información difuminando las imágenes de terceros, bajo apercibimiento de las sanciones previstas en la Ley de Transparencia.

Normas citadas

  • Ley N° 20.285
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.628
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.327
  • Artículo 5° de la Ley N° 19.327
  • Artículo 12 de la ley N° 19.628
  • Artículo 22 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Puede una persona pedir a un municipio la grabación de una cámara de seguridad instalada en la vía pública?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo contra la Municipalidad de El Quisco y ordenó entregar la grabación de la cámara de seguridad. Estimó que, al estar las cámaras en la vía pública y ser visibles, la expectativa de privacidad es reducida.

¿Se puede negar el acceso a imágenes de cámaras municipales por proteger la privacidad de terceros?

En este caso, el Consejo consideró que los riesgos de afectación a la privacidad eran mínimos y, aplicando los principios de máxima divulgación y divisibilidad, ordenó entregar la información difuminando las imágenes de terceros. Así, la protección de la privacidad se resolvió mediante la divisibilidad del contenido y no con la denegación total.

¿Sirve la solicitud de acceso a grabaciones de cámaras para preparar acciones judiciales?

En este caso, el Consejo reconoció un interés legítimo de la reclamante, pues las grabaciones podrían constituir prueba para ejercer acciones jurisdiccionales. Ese interés fue uno de los fundamentos para acoger el amparo y ordenar la entrega.

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