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La Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el que se pronuncia sobre la situación d…

Dictamen · Dirección del Trabajo · 1995

Resumen

La Dirección del Trabajo emitió un dictamen en el que se pronuncia sobre la situación de los funcionarios públicos que se afilian a una nueva asociación de funcionarios de la misma repartición o servicio, tras haber pertenecido a otra. Se resuelve que estos afiliados no pueden votar ni ser elegidos en la primera elección de directorio que se realice dentro del plazo de un año contado desde su nueva afiliación. La autoridad fundamenta esta decisión en una interpretación extensiva de la norma, aplicando el argumento a minore ad maius, señalando que si se les prohíbe votar, con mayor razón se les impide ser elegidos. Además, se abstiene de pronunciarse sobre consultas relativas a la Universidad de Chile, por estimar que corresponden a la Contraloría General de la República.

Normas citadas

  • Ley N° 19.296
  • Ley N° 18.834
  • Artículo 3º de la ley N° 19.296
  • Artículo 27 de la ley N° 19.296

Preguntas frecuentes

¿Puede un funcionario público que se afilia a una nueva asociación de funcionarios votar o ser elegido en su directorio de inmediato?

En este caso, la Dirección del Trabajo resolvió que los funcionarios que se afilian a una nueva asociación de la misma repartición, tras haber pertenecido a otra, no pueden votar ni ser elegidos en la primera elección de directorio dentro del año siguiente a su nueva afiliación.

¿Se puede impedir que un afiliado sea candidato a directorio de una asociación de funcionarios si no puede votar?

En este caso, la Dirección del Trabajo aplicó el argumento a minore ad maius, sosteniendo que si la ley impide votar al afiliado reciente, con mayor razón le impide ser elegido, interpretando así de forma extensiva la norma.

¿La Dirección del Trabajo puede pronunciarse sobre consultas relativas a la Universidad de Chile?

En este caso, la Dirección del Trabajo se abstuvo de pronunciarse sobre las consultas referidas a la Universidad de Chile, por estimar que su competencia corresponde a la Contraloría General de la República.

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