El Consejo para la Transparencia acoge el amparo presentado contra el Hospital San José…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2022
Resumen
El Consejo para la Transparencia acoge el amparo presentado contra el Hospital San José de Santiago y ordena entregar información sobre la individualización de los directores que ejercieron en dicho establecimiento durante los periodos comprendidos entre abril de 2006 y marzo de 2008, y entre noviembre de 2011 y agosto de 2012. Se constata que los antecedentes proporcionados por el hospital no satisfacen el requerimiento en los términos planteados. El Consejo sostiene que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia, obligación de rango constitucional que implica transparentar las actuaciones de los funcionarios ante la ciudadanía. Se apercibe al hospital con las sanciones previstas en la Ley de Transparencia por la no entrega oportuna de la información, debiendo acreditar el cumplimiento ante el Consejo.
Normas citadas
Ley N° 20.285
Ley N° 19.880
Ley N° 18.575
Artículo 17° de la Ley 19.880
Artículo 59 de la ley N° 19.880
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Un órgano de la Administración del Estado debe entregar la identidad de quienes ejercieron cargos directivos en un periodo determinado?
En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo y ordenó al Hospital San José entregar la individualización de sus directores en los periodos solicitados, porque los antecedentes entregados no respondían lo pedido. Sostuvo que la función pública debe ejercerse con probidad y transparencia.
¿Qué sanciones enfrenta un organismo público que no entrega oportunamente la información solicitada por transparencia?
En este caso, el Consejo apercibió al hospital con las sanciones previstas en la Ley de Transparencia por la no entrega oportuna de la información. Además, le exigió acreditar ante el Consejo el cumplimiento de la orden.
¿La transparencia de la función pública es una obligación con respaldo constitucional?
Sí, según este fallo, el Consejo sostuvo que la probidad y la transparencia en el ejercicio de la función pública constituyen una obligación de rango constitucional. Esta implica transparentar las actuaciones de los funcionarios ante la ciudadanía.
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