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El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por acceso a la información contra…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2010

Resumen

El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo por acceso a la información contra el Servicio Electoral, referido al cobro por la entrega del padrón electoral computacional. Se discutía si el monto exigido se ajustaba a la Ley de Transparencia y cómo ponderar la protección de datos personales y sensibles contenidos en el padrón. El Consejo acogió parcialmente el amparo y ordenó entregar la información, pero limitada a los datos necesarios para controlar los procesos electorales, como la inscripción electoral, su fecha y la nacionalidad. En cambio, rechazó la entrega de otros datos personales, como profesión, fecha de nacimiento, domicilio y número de cédula de identidad, por no resultar indispensables y arriesgar el derecho a la intimidad. Tampoco admitió entregar la indicación de discapacidad, por tratarse de información sensible según la Ley Nº 19.628, y reforzó su decisión con el artículo 19 de la Constitución y la práctica comparada en España, M.R.U..

Normas citadas

  • Decreto Supremo 13 2009 Reglamento
  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoOtros

Preguntas frecuentes

¿Se puede cobrar por entregar el padrón electoral computacional según la Ley de Transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió parcialmente el amparo y ordenó entregar la información, pero limitada a los datos necesarios para controlar los procesos electorales, sin pronunciarse sobre el monto del cobro.

¿Qué datos del padrón electoral se pueden entregar sin afectar la intimidad de las personas?

En este caso, el Consejo ordenó entregar solo los datos necesarios para controlar los procesos electorales, como la inscripción electoral, su fecha y la nacionalidad, y rechazó otros como profesión, fecha de nacimiento, domicilio y número de cédula.

¿Se puede acceder a la indicación de discapacidad contenida en el padrón electoral?

En este caso, el Consejo para la Transparencia no admitió entregar la indicación de discapacidad, por tratarse de información sensible según la Ley Nº 19.628, reforzando su decisión con el artículo 19 de la Constitución.

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