El Consejo para la Transparencia acogió un amparo por denegación de acceso a informació…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2010
Resumen
El Consejo para la Transparencia acogió un amparo por denegación de acceso a información presentado contra el Servicio Electoral. El solicitante, militante de un partido político, pidió el listado de militantes de ese partido en una comuna, y el Servicio Electoral se lo negó invocando la reserva constitucional sobre la información de afiliación política. El Consejo consideró que esa reserva no impide que el propio militante requirente acceda a la nómina, previa acreditación de su identidad y de su calidad de militante. Ordenó entregar la información por correo electrónico y en formato electrónico, y solo si ello implicara un costo excesivo o gasto no previsto permitió otro formato, con pago previo de los costos directos de reproducción. Fijó un plazo de tres días hábiles para la entrega, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos, y requirió al Director Nacional del Servicio Electoral modificar una resolución interna que cobraba por la entrega, para ajustarla al principio de gratuidad de la Ley de Transparencia. El cumplimiento quedó sujeto a apercibimiento y a información ante el Consejo.
Normas citadas
Ley 19628 1999 - Ley de protección de la vida privada
Constitución Política de la República
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿En qué formato y plazo debe entregarse la información sobre militantes de partidos políticos cuando se solicita al Servicio Electoral?
En este caso, el Consejo ordenó entregar la información por correo electrónico y en formato electrónico, y fijó un plazo de tres días hábiles para la entrega, conforme a la Ley Orgánica Constitucional de Partidos Políticos.
¿Puede el Servicio Electoral cobrar por la entrega de información solicitada por transparencia?
En este caso, el Consejo requirió al Director Nacional del Servicio Electoral modificar una resolución interna que cobraba por la entrega, para ajustarla al principio de gratuidad de la Ley de Transparencia, permitiendo pago solo si el formato electrónico implicara costo excesivo o gasto no previsto.
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