El Tribunal de Contratación Pública rechazó en todas sus partes la demanda de impugnaci…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2011
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública rechazó en todas sus partes la demanda de impugnación presentada por un oferente contra la adjudicación de una licitación pública convocada por el SERVIU de Osorno para la contratación de servicios de abogado de apoyo a su unidad jurídica en el proceso expropiatorio de una avenida. El demandante sostenía que la evaluación de las ofertas y el acto de adjudicación eran ilegales o arbitrarios. El tribunal concluyó que tanto el análisis de las ofertas realizado por la comisión designada, ponderando los criterios de las bases administrativas, como la resolución que adjudicó la licitación se ajustaron a las bases y guardaron concordancia con los antecedentes presentados por los oferentes y con el interés del servicio, por lo que la actuación no podía calificarse de ilegal ni arbitraria. Además, no condenó en costas al demandante por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Cuándo se puede impugnar la adjudicación de una licitación pública por evaluación ilegal o arbitraria de las ofertas?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública rechazó la demanda porque el análisis de las ofertas y la resolución de adjudicación se ajustaron a las bases y al interés del servicio, sin ser ilegales ni arbitrarios.
¿Qué debe acreditar un oferente para que prospere una demanda de impugnación contra la adjudicación de una licitación?
En este caso, el Tribunal desestimó la demanda al concluir que la evaluación de las ofertas, ponderando los criterios de las bases, y el acto de adjudicación fueron concordantes con los antecedentes y el interés del servicio.
¿Se condena en costas al oferente que impugna una adjudicación si su demanda es rechazada?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública no condenó en costas al demandante, pese a rechazar la demanda, por estimar que tuvo motivo plausible para litigar.
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Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2010
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