El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por u…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2020
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una acción de impugnación interpuesta por una empresa constructora contra el SERVIU Región de La Araucanía, en el marco de una licitación pública para la reposición de una calzada en la ciudad. La demandante sostenía que la entidad se había apartado de la tabla de puntajes establecida en las bases en el criterio precio, lo que habría afectado la adjudicación. El tribunal rechazó la demanda, concluyendo que la evaluación de la oferta adjudicada y la adjudicación misma no pueden calificarse como ilegales ni arbitrarias, pues se ajustaron a las bases de licitación y a las normas legales y reglamentarias aplicables, citando el principio de no formalización de la Ley N°19.880. Cada parte soportó sus propias costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Puede un oferente impugnar una adjudicación si cree que el organismo no aplicó la tabla de puntajes de las bases en el criterio precio?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública conoció una impugnación de una constructora que sostenía que el organismo se había apartado de la tabla de puntajes del criterio precio. El tribunal la rechazó, al concluir que la evaluación y la adjudicación se ajustaron a las bases de licitación y a la normativa aplicable.
¿Cuándo se considera ilegal o arbitraria la evaluación de ofertas en una licitación pública chilena?
En este caso, el tribunal sostuvo que la evaluación de la oferta adjudicada no era ilegal ni arbitraria, porque se ajustó a las bases y a las normas legales y reglamentarias. Para ello citó el principio de no formalización de la Ley N°19.880.
¿Quién paga las costas en un juicio de impugnación de una licitación pública ante el Tribunal de Contratación Pública?
En este caso, tras rechazar la demanda contra el SERVIU Región de La Araucanía, el tribunal dispuso que cada parte soportara sus propias costas. Así, la empresa demandante no fue condenada a pagar las costas del organismo.
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