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La Corte de Apelaciones conoció un requerimiento de inaplicabilidad presentado por educ…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2022

Resumen

La Corte de Apelaciones conoció un requerimiento de inaplicabilidad presentado por educadores diferenciales en contra de disposiciones de la Ley N° 20.158, que establece beneficios para profesionales de la educación. Los recurrentes cuestionaron la constitucionalidad de normas que excluyen a los educadores diferenciales de ciertos beneficios estatales, por vulnerar la igualdad ante la ley y la no discriminación. El tribunal acogió el requerimiento, declarando inaplicables las disposiciones impugnadas por considerar que discriminan arbitrariamente al condicionar los beneficios a la obtención de menciones en subsectores específicos de aprendizaje, sin criterios razonables ni proporcionales. La sentencia contó con una disidencia, que estimó insuficientes los argumentos para declarar la inaplicabilidad, señalando que la exclusión responde a políticas sociales del legislador y que acoger el requerimiento implicaría invadir sus competencias.

Normas citadas

  • Ley N° 20.158 - Artículo 4°, inciso quinto
  • Ley N° 20.158 - Artículo 5°, letra a), parte final
  • Ley N° 20.158 - Artículo 6°, inciso primero
  • Ley N° 20.158 - Artículo 3°
  • Constitución Política de la República
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Preguntas frecuentes

¿Es constitucional que la Ley N° 20.158 excluya a los educadores diferenciales de ciertos beneficios para profesionales de la educación?

En este caso, la Corte de Apelaciones acogió el requerimiento y declaró inaplicables las disposiciones impugnadas, por considerar que discriminan arbitrariamente al condicionar los beneficios a menciones en subsectores específicos sin criterios razonables ni proporcionales.

¿Puede un tribunal declarar inaplicable una norma legal por vulnerar la igualdad ante la ley y la no discriminación?

En este caso, el tribunal entendió que las normas impugnadas vulneraban la igualdad ante la ley y la no discriminación, por lo que las declaró inaplicables en la causa. La sentencia tuvo una disidencia que estimó insuficientes los argumentos.

¿Puede el juez constitucional intervenir en las políticas sociales que define el legislador?

En este caso, la minoría disidente sostuvo que la exclusión responde a políticas sociales del legislador y que acoger el requerimiento implicaría invadir sus competencias. La mayoría, en cambio, acogió el requerimiento por la discriminación arbitraria que detectó.

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