El Tribunal de Contratación Pública conoció una demanda de impugnación contra la adjudi…
Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2020
Resumen
El Tribunal de Contratación Pública conoció una demanda de impugnación contra la adjudicación de una licitación pública de Carabineros de Chile para la instalación de sistemas en helicópteros. La demandante alegó que el informe de la comisión evaluadora y la resolución adjudicatoria incurrieron en un error de digitación en su oferta. El tribunal acogió la demanda solo en cuanto declaró ilegales y arbitrarios dichos actos administrativos, dejando sin efecto la resolución adjudicatoria, y declaró que no resulta imputable a la demandante la no firma del contrato. Asimismo, ordenó a la entidad licitante dictar los actos pertinentes para modificar la resolución que dispuso el cobro de la boleta de garantía de seriedad de la oferta y restituirla a la demandante, dentro de quince días hábiles desde que la sentencia quede ejecutoriada. Cada parte pagó sus costas.
Normas citadas
Ley 19.886
OrdinarioLicitación Pública
Preguntas frecuentes
¿Qué pasa si la oferta tiene un error de digitación en una licitación pública?
En este caso, el Tribunal de Contratación Pública acogió la demanda y declaró ilegales y arbitrarios el informe de la comisión evaluadora y la resolución adjudicatoria que incurrieron en un error de digitación en la oferta, dejando sin efecto la adjudicación.
¿Se puede cobrar la boleta de garantía de seriedad de la oferta si el adjudicatario no firma el contrato por un error en la evaluación?
En este caso, el tribunal ordenó a la entidad licitante modificar la resolución que dispuso el cobro de la boleta de garantía y restituirla, tras declarar que la no firma del contrato no era imputable a la demandante.
¿Qué efectos tiene la declaración de ilegalidad de la resolución adjudicatoria en una licitación?
En este caso, el tribunal dejó sin efecto la resolución adjudicatoria y ordenó a la entidad dictar los actos pertinentes para restituir la boleta de garantía, dentro de quince días hábiles desde que la sentencia quede ejecutoriada.
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Sentencia · Tribunal de Contratación Pública · 2011
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