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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la obligación de los trabajad…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2026

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la obligación de los trabajadores de una corporación municipal regidos por el Código del Trabajo de suscribir y mantener vigentes pólizas de fidelidad funcionaria. Señaló que, si bien dichos trabajadores no son funcionarios públicos ni están afectos a responsabilidad administrativa, aquellos que manejen fondos públicos deben suscribir y mantener las cauciones por exigencia legal para resguardar los recursos públicos, cuyo incumplimiento constituye una infracción a sus deberes laborales. Respecto al financiamiento de las pólizas mediante descuentos remuneracionales, concluyó que la interpretación del artículo 58 del Código del Trabajo corresponde a la Dirección del Trabajo, a la cual remitió el oficio para resolver ese punto.

Normas citadas

  • Ley N° 10.336
  • Ley N° 18.695
  • Ley N° 18.575
  • Ley N° 19.880
  • Ley N° 19.817
  • Código del Trabajo
  • Artículo 68 de la ley N° 10.336
  • DFL 1
ContraloríaCGRdictamenadministrativo

Preguntas frecuentes

¿Los trabajadores de una corporación municipal regidos por el Código del Trabajo deben contratar pólizas de fidelidad funcionaria?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que, aunque estos trabajadores no son funcionarios públicos ni están afectos a responsabilidad administrativa, quienes manejen fondos públicos deben suscribir y mantener las cauciones exigidas por ley para resguardar esos recursos.

¿Qué pasa si un trabajador de una corporación municipal que maneja fondos públicos no mantiene vigente su póliza de fidelidad?

En este caso, la Contraloría indicó que el incumplimiento de la obligación de suscribir y mantener vigentes las cauciones constituye una infracción a los deberes laborales del trabajador.

¿Puede el empleador financiar las pólizas de fidelidad mediante descuentos en las remuneraciones del trabajador?

En este caso, la Contraloría no resolvió este punto y remitió el oficio a la Dirección del Trabajo, por ser ella la competente para interpretar el artículo 58 del Código del Trabajo sobre los descuentos.

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