El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo interpuesto por un particular contra…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia rechazó un amparo interpuesto por un particular contra la Inspección Provincial del Trabajo de Antofagasta, que pedía actas y otros antecedentes sobre la elección de delegados sindicales de un sindicato interempresa en los últimos cinco años, incluido el listado de socios vinculados a una empresa. El Consejo concluyó que se configuraba la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con los artículos 2 y 7 de la Ley N° 19.628, pues se trataba de datos personales que sólo pueden divulgarse con autorización expresa de su titular. Además, se citó como fundamento la jurisprudencia previa del Consejo que atribuye a la Dirección del Trabajo la fiscalización de los procesos eleccionarios internos de las organizaciones sindicales. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva dentro de 15 días corridos desde su notificación.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir por Ley de Transparencia el listado de socios de un sindicato que trabajan en una empresa?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo y concluyó que el listado de socios vinculados a una empresa es un dato personal, por lo que está protegido por la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 2 de la Ley de Transparencia, en relación con la Ley N° 19.628.
¿Qué organismo debe fiscalizar la elección de delegados sindicales y no el Consejo para la Transparencia?
En este caso, el Consejo sostuvo, citando su jurisprudencia previa, que la fiscalización de los procesos eleccionarios internos de las organizaciones sindicales corresponde a la Dirección del Trabajo.
¿Qué plazo hay para reclamar de una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde su notificación.
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