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El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría de…

Resolución · Consejo para la Transparencia · 2020

Resumen

El Consejo para la Transparencia acogió un amparo presentado contra la Subsecretaría del Interior para obtener el expediente migratorio del propio reclamante. El organismo había alegado que la publicidad de esos antecedentes afectaba el privilegio deliberativo, pero no logró acreditar de qué forma su divulgación entorpecería la decisión institucional. Además, el solicitante fue considerado parte interesada en el procedimiento administrativo, conforme a la Ley N° 19.880. En consecuencia, se ordenó entregar copia íntegra de la orden de expulsión dictada por la Intendencia de Arica y Parinacota, en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada, con acreditación de la entrega ante el Consejo. Contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva.

Normas citadas

  • Ley de Transparencia
amparoDecisión de Fondo

Preguntas frecuentes

¿Puede una persona acceder a su propio expediente migratorio si la administración alega privilegio deliberativo?

En este caso, el Consejo para la Transparencia acogió el amparo porque la Subsecretaría del Interior no logró acreditar cómo la publicidad de esos antecedentes afectaba la decisión institucional. Además, el solicitante era parte interesada en el procedimiento conforme a la Ley N° 19.880, por lo que se ordenó entregarle copia íntegra del expediente.

¿Qué pasa si el organismo público no entrega la información solicitada por transparencia?

En este caso, el Consejo para la Transparencia ordenó la entrega de la orden de expulsión dictada por la Intendencia de Arica y Parinacota, en un plazo de cinco días hábiles desde que la decisión quede ejecutoriada. El organismo debe acreditar la entrega ante el Consejo.

¿Contra una resolución del Consejo para la Transparencia que acoge un amparo se puede reclamar?

En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva. Así, la resolución puede ser revisada judicialmente por esa vía.

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