La Contraloría General de la República se pronunció sobre el pago del reajuste de remun…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2025
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el pago del reajuste de remuneraciones del sector público y otros beneficios a docentes y asistentes de la educación dependientes de los servicios locales de educación pública, cuyas contrataciones cesaron antes de la publicación de la ley N° 21.724. Respecto al bono especial no imponible del artículo 35 de dicha ley, se determinó que los funcionarios que cesaron sus labores antes del 3 de enero de 2025 no tienen derecho a percibirlo, pues para acceder a él deben desempeñarse en las instituciones señaladas a la fecha de publicación de la ley y haber laborado al menos un día en noviembre de 2024. Asimismo, el bono otorgado a contar del año 2025, pagadero en enero de cada anualidad, no corresponde a quienes cesaron el 31 de diciembre de 2024. Los servicios locales deberán analizar cada caso conforme a la normativa y jurisprudencia para regularizar los pagos procedentes.
Normas citadas
Ley 21724 art/1
ley 19070 art/5 tran
DFL 2/98 educa art/10
ley 21724 art/2
ley 21724 art/23
ley 21724 art/35
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia
Preguntas frecuentes
¿Tienen derecho al bono especial no imponible de la ley 21.724 los docentes que dejaron de trabajar en un servicio local de educación antes de su publicación?
En este caso, la Contraloría General de la República determinó que los funcionarios que cesaron sus labores antes del 3 de enero de 2025 no tienen derecho al bono del artículo 35. Para acceder a él se requiere estar desempeñándose en la institución a la fecha de publicación de la ley y haber laborado al menos un día en noviembre de 2024.
¿Procede pagar el bono anual de enero de 2025 a docentes y asistentes de la educación que cesaron sus funciones el 31 de diciembre de 2024?
En este caso, la Contraloría sostuvo que el bono otorgado a contar del año 2025, pagadero en enero de cada anualidad, no corresponde a quienes cesaron el 31 de diciembre de 2024. Los servicios locales deberán analizar cada caso conforme a la normativa para regularizar los pagos procedentes.
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