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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, est…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad, estableciendo que no procede respecto de preceptos legales derogados, como el artículo 127 del Código de Minería de 1932, por carecer de vigencia y no tener efecto ultractivo. Dicho artículo fue derogado expresa y orgánicamente por el Código de Minería de 1983, y sus efectos consolidados no pueden alterarse por legislación posterior ni por la Constitución de 1980. La inaplicabilidad debe recaer sobre normas vigentes y decisivas en una gestión pendiente. Como obiter dicta, se señaló que la derogación excluye la norma del ordenamiento, salvo ultractividad expresa, y que la interpretación constitucional no se rige por aforismos legales. La validez de efectos pasados corresponde a los jueces de instancia, no al Tribunal Constitucional.

Normas citadas

  • artículo 127, de Código de Minería
  • artículo 244, de Código de Minería
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 2, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 19, numeral 3, inciso sexto
Tribunal ConstitucionalINApenas sustitutivasley de control de armasPrincipio de proporcionalidad de la PenaIgualdad ante la LeyDeterminación de la penaReinserción social

Preguntas frecuentes

¿Procede un requerimiento de inaplicabilidad contra un precepto legal que ya fue derogado?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió parcialmente el requerimiento y estableció que no procede respecto de preceptos derogados, como el artículo 127 del Código de Minería de 1932, por carecer de vigencia y no tener efecto ultractivo. La inaplicabilidad debe recaer sobre normas vigentes y decisivas en una gestión pendiente.

¿Puede una ley posterior o la Constitución alterar los efectos consolidados de una norma derogada?

En este caso, el Tribunal sostuvo que los efectos consolidados de la norma derogada no pueden alterarse por legislación posterior ni por la Constitución de 1980. Agregó que la derogación excluye la norma del ordenamiento, salvo ultractividad expresa.

¿Quién decide la validez de los efectos pasados de una norma derogada?

En este caso, el Tribunal Constitucional señaló que la validez de los efectos pasados corresponde a los jueces de instancia y no al propio Tribunal Constitucional.

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