La Superintendencia de Salud dedujo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituc…
Informe · Corte de Apelaciones · 2025
Resumen
La Superintendencia de Salud dedujo un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional contra el artículo 28 inciso segundo de la Ley de Transparencia (Ley N°20.285). La acción se enmarca en un recurso de reclamación de ilegalidad seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, en el que el Consejo para la Transparencia ordenó a la Superintendencia entregar información de los últimos tres años con resguardo de datos personales. El organismo cuestiona la norma que impide a los órganos de la Administración reclamar contra resoluciones del Consejo, por estimar que vulnera las garantías de acceso a la justicia y debido proceso. El Tribunal Constitucional declaró admisible el requerimiento y, en lo resolutivo, se solicitó acogerlo a tramitación, declarar inaplicable la norma en el caso concreto y suspender el procedimiento ante la Corte de Apelaciones.
Normas citadas
Artículo 93 N°6 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N°4 de la Constitución Política de la República
Artículo 46 de la Ley de Transparencia
Ley N°17.997, Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
Ley de Protección de Datos Personales
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Preguntas frecuentes
¿Cuándo procede un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional?
En este caso, el requerimiento se dedujo dentro de un recurso de reclamación de ilegalidad seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago, con el objetivo de que el Tribunal declarara inaplicable una norma para ese caso concreto. El Tribunal Constitucional lo declaró admisible y, en lo resolutivo, solicitó acogerlo a tramitación y suspender el procedimiento ante la Corte.
¿Debe la Superintendencia de Salud entregar información de sus últimos tres años ante una solicitud de transparencia?
En este caso, el Consejo para la Transparencia ordenó a la Superintendencia de Salud entregar información de los últimos tres años, resguardando los datos personales. El organismo impugnó esa orden judicialmente, pero la controversia que resolvió el Tribunal Constitucional fue la constitucionalidad de la norma que le impide reclamar, no el fondo de la entrega de la información.
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