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La Contraloría General de la República representó los decretos N°s. 88 y 89, de 2012, d…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2012

Resumen

La Contraloría General de la República representó los decretos N°s. 88 y 89, de 2012, del Ministerio de Bienes Nacionales, que aprobaban contratos de compraventa de inmuebles. El organismo se abstuvo de dar curso a los decretos porque no se acompañaron los antecedentes que deben remitirse junto a los actos afectos a toma de razón, conforme al artículo 6° de la resolución N° 1.600, de 2008, de la misma Contraloría. Faltaban los certificados de vigencia de las sociedades compradoras, las personerías de quienes actuaban en su representación, la reinscripción de dominio de los bienes raíces fiscales y los certificados del Conservador de Bienes Raíces respectivo. Estos documentos eran esenciales para el examen de juridicidad.

Normas citadas

  • res 1600/2008 contr art/6 inc/1
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Qué antecedentes deben acompañarse a un decreto de compraventa de inmuebles fiscales para que la Contraloría tome razón?

En este caso, la Contraloría se abstuvo de dar curso a dos decretos del Ministerio de Bienes Nacionales porque no se acompañaron los antecedentes exigidos por el artículo 6° de la resolución N° 1.600, de 2008. Faltaban los certificados de vigencia de las sociedades compradoras, las personerías de quienes las representaban, la reinscripción de dominio y los certificados del Conservador de Bienes Raíces.

¿Puede la Contraloría negarse a tramitar un decreto si le faltan documentos esenciales para el examen de juridicidad?

Sí, según este dictamen. La Contraloría se abstuvo de dar curso a los decretos porque los antecedentes omitidos eran esenciales para verificar la juridicidad de los actos, conforme a lo previsto en la resolución N° 1.600, de 2008.

¿Qué documentos deben presentarse para acreditar la personería de quien firma por una sociedad compradora en un contrato con el Estado?

En este caso, la Contraloría exigió el certificado de vigencia de la sociedad compradora y los documentos que acreditan la personería de quienes actuaban en su representación. Como faltaban, no dio curso a los decretos que aprobaban los contratos.

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