El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las norma…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2024
Resumen
El Consejo para la Transparencia conoció un reclamo por presunta infracción a las normas de transparencia activa contra el Instituto de Previsión Social, en particular a los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, que obligan a los órganos de la Administración del Estado a mantener información actualizada en sus sitios electrónicos. El Consejo concluyó que la presentación no reclamaba la falta de completitud ni de acceso a esa información, sino que expresaba la molestia del reclamante por no haber obtenido bonos, por lo que no existía infracción a dichas normas. En consecuencia, declaró inadmisible el reclamo por falta de un elemento habilitante. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación, y no procede el recurso de reposición.
Normas citadas
Ley de Transparencia
Reglamento de la Ley de Transparencia
reclamoDecisión de inadmisibilidadOtros
Preguntas frecuentes
¿Qué debe hacer el Consejo para la Transparencia si un reclamo por transparencia activa no reclama falta de información en los sitios electrónicos?
En este caso, el Consejo concluyó que el reclamo no cuestionaba la falta de completitud ni de acceso a la información de transparencia activa, sino la molestia por no obtener bonos, por lo que no hubo infracción y lo declaró inadmisible por falta de un elemento habilitante.
¿Cuál es el plazo y la vía para impugnar una decisión del Consejo para la Transparencia que declara inadmisible un reclamo?
En este caso, el Consejo indicó que procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de quince días corridos desde la notificación, y que no procede el recurso de reposición.
¿Qué normas obligan a los organismos de la Administración del Estado a mantener información actualizada en sus sitios electrónicos?
En este caso, el Consejo citó los artículos 7º de la Ley de Transparencia y 51 de su Reglamento, que obligan a los órganos de la Administración del Estado a mantener esa información actualizada en sus sitios electrónicos.
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