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La Contraloría General de la República desestimó la denuncia de un proveedor contra Car…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2015

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó la denuncia de un proveedor contra Carabineros de Chile por exigir la renovación de la boleta de garantía de fiel cumplimiento del contrato tras una ampliación de 14.040 camisas. El recurrente sostenía que el monto de la garantía debía recalcularse sobre el valor de las unidades pendientes, equivalente al 10% de $95.233.320. El órgano contralor precisó que las bases administrativas distinguían entre la sustitución de la garantía por saldo insoluto, ya ejercida, y la obligación de renovarla mientras existieran obligaciones pendientes, supuesto aplicable a la nueva orden de compra. Por aplicación del principio de estricta sujeción a las bases, que el proveedor conoció y aceptó, se rechazó la reclamación.

Normas citadas

  • ley 19886 art/11
  • dto 250/2004 HACIE art/68
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede una entidad pública exigir la renovación de la boleta de garantía de fiel cumplimiento tras una ampliación del contrato?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que sí, porque las bases administrativas obligaban a renovar la garantía mientras existieran obligaciones pendientes, supuesto aplicable a la nueva orden de compra. Aplicó el principio de estricta sujeción a las bases, que el proveedor conoció y aceptó.

¿Debe recalcularse el monto de la garantía de fiel cumplimiento sobre el valor de las unidades pendientes de entrega?

En este caso, el órgano contralor rechazó que el monto debiera recalcularse sobre las unidades pendientes. Precisó que las bases distinguían entre la sustitución de la garantía por saldo insoluto, ya ejercida, y la obligación de renovarla durante obligaciones pendientes.

¿Qué pesa más en un proceso de compra pública, lo que dicen las bases administrativas o la reclamación del proveedor sobre la garantía?

En este caso, la Contraloría General de la República resolvió que prevalecen las bases administrativas, por el principio de estricta sujeción a ellas, que el proveedor conoció y aceptó. Por eso desestimó la denuncia contra Carabineros de Chile.

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