Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre una solicitud de una exonerada por motivos políticos, quien reclamaba el bono extraordinario establecido en la ley N° 20.134. Según el dictamen, la recurrente fue desvinculada de su empleo por razones políticas en 1973, calificada como exonerada en 1999 y obtuvo una pensión de la ley N° 19.234 con anterioridad al 1 de diciembre de 2009. Pese a ello, el Instituto de Previsión Social había sostenido que no reunía los requisitos para el bono, argumentando que no había reclamado su no inclusión en los listados de 2007. El organismo contralor descartó esa objeción, al constatar que la interesada no era pensionada en esa fecha, y resolvió que el Instituto debe verificar, en el menor tiempo posible, si cumple los requisitos para recibir el bono, comunicándoselo a la interesada e informando a la Contraloría.