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La Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre una solicitud f…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre una solicitud formulada por un consejero regional metropolitano, quien planteó apreciaciones sobre los efectos que tendría para la Región Metropolitana de Santiago la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago denominada "Propuesta MPRMS 100, Actualización Extensión Urbana y Reconversión Industrial", aprobada por el Consejo Regional. El organismo fundamentó su decisión en el artículo 21 B de su ley orgánica y en su jurisprudencia previa, según la cual no le corresponde evaluar el mérito o la conveniencia de las decisiones políticas o administrativas de los órganos de la Administración del Estado. Sin perjuicio de ello, dejó constancia de que, al tramitar la toma de razón del acto que apruebe la modificación, estudiará la legalidad de los antecedentes pertinentes.

Normas citadas

  • Ley 10336 art/21B
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede la Contraloría pronunciarse sobre la conveniencia de una modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago?

No. En este caso, la Contraloría General de la República se abstuvo de pronunciarse sobre la solicitud de un consejero regional, porque, según el artículo 21 B de su ley orgánica y su jurisprudencia, no le corresponde evaluar el mérito o la conveniencia de las decisiones políticas o administrativas.

¿Qué revisará la Contraloría respecto de la modificación del Plan Regulador Metropolitano de Santiago aprobada por el Consejo Regional?

En este caso, el organismo dejó constancia de que, al tramitar la toma de razón del acto que apruebe la modificación, estudiará la legalidad de los antecedentes pertinentes, aunque no evaluará su mérito.

¿Cuál es el límite de la función de la Contraloría frente a decisiones políticas de la Administración del Estado?

En este caso, la Contraloría sostuvo que su función no alcanza al mérito ni a la conveniencia de las decisiones políticas o administrativas de los órganos de la Administración del Estado, por lo que su control se limita a la legalidad.

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