La Corte Suprema rechazó el recurso de protección deducido por una trabajadora contra l…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema rechazó el recurso de protección deducido por una trabajadora contra la Superintendencia de Seguridad Social, que había confirmado el rechazo de sus licencias médicas. La recurrente alegó ilegalidad y arbitrariedad por no haberse realizado exámenes complementarios. La Corte consideró que la Superintendencia actuó dentro de sus facultades técnicas, basándose en antecedentes suficientes, y que el plazo legal de siete días hábiles para pronunciarse sobre las licencias, prorrogable hasta 60 días para diligencias, limita la posibilidad de realizar peritajes adicionales. La ausencia de estos no implica falta de motivación ni arbitrariedad. En consecuencia, no se configuró vulneración de garantías constitucionales, revocándose la sentencia apelada y rechazándose la acción.
¿La Superintendencia de Seguridad Social puede rechazar una licencia médica sin realizar exámenes complementarios?
En este caso, la Corte Suprema sostuvo que la Superintendencia actuó dentro de sus facultades técnicas, basándose en antecedentes suficientes. Además, el plazo legal de siete días hábiles para pronunciarse, prorrogable hasta 60 días para diligencias, limita la realización de peritajes adicionales, y su ausencia no implica falta de motivación ni arbitrariedad.
¿Cuándo el rechazo de una licencia médica por la Superintendencia de Seguridad Social puede ser considerado arbitrario y vulnerar garantías constitucionales?
En este caso, la Corte Suprema concluyó que no hubo arbitrariedad ni ilegalidad, por lo que no se configuró vulneración de garantías constitucionales. Rechazó el recurso de protección y revocó la sentencia apelada que lo había acogido.
¿Procede el recurso de protección contra resoluciones de la Superintendencia de Seguridad Social que confirman el rechazo de licencias médicas?
En este caso, la Corte Suprema conoció el recurso de protección interpuesto contra la Superintendencia de Seguridad Social y lo rechazó tras analizar el fondo de los alegatos de ilegalidad y arbitrariedad. Resolvió que la actuación del organismo se ajustó a sus facultades técnicas.
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