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La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

La Corte de Apelaciones de Concepción confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Los Ángeles que impuso al imputado, funcionario municipal, las medidas cautelares de arresto domiciliario total y arraigo nacional, por el delito de porte o tenencia ilegal de arma de fuego. La defensa había apelado, pero la Corte consideró que las medidas eran suficientes y proporcionales, atendida la forma de comisión del hecho, consistente en la compra ilegal de un arma sin permisos ni diligencias administrativas. El fallo se fundó en los artículos 139, 140 y 155 del Código Procesal Penal.

Normas citadas

  • Art. 9° Ley 17.798
  • Art. 2° letra b) Ley 17.798
  • Art. 139 Código Procesal Penal
  • Art. 140 Código Procesal Penal
  • Art. 155 Código Procesal Penal
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Preguntas frecuentes

¿Procede imponer arresto domiciliario total y arraigo nacional al imputado por porte o tenencia ilegal de arma de fuego?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Concepción confirmó que el Juzgado de Garantía de Los Ángeles impusiera arresto domiciliario total y arraigo nacional por porte o tenencia ilegal de arma de fuego. Consideró que estas medidas eran suficientes y proporcionales, atendida la forma de comisión del hecho, consistente en la compra ilegal de un arma sin permisos ni diligencias administrativas.

¿Qué fundamentos usan los tribunales para aplicar medidas cautelares personales distintas de la prisión preventiva?

En este caso, la Corte se fundó en los artículos 139, 140 y 155 del Código Procesal Penal para confirmar las medidas impuestas. Estimó que medidas menos gravosas que la prisión preventiva bastaban para cumplir sus fines, por lo que la defensa no logró revertir la resolución de primera instancia.

¿Es suficiente la compra ilegal de un arma para justificar una medida cautelar más intensa en un delito de tenencia de arma?

En este caso, la Corte de Apelaciones de Concepción sostuvo que la forma de comisión del hecho, la compra de un arma sin permisos ni diligencias administrativas, fue un antecedente relevante para evaluar la proporcionalidad de las medidas. Aun así, concluyó que el arresto domiciliario total y el arraigo nacional eran suficientes, sin ordenar la prisión preventiva.

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