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La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso del ente persecutor y confirmó…

Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026

Resumen

La Corte de Apelaciones de San Miguel rechazó el recurso del ente persecutor y confirmó la resolución del Juzgado de Garantía de Talagante que negó la prisión preventiva del imputado, manteniendo la medida cautelar de arraigo nacional. El tribunal consideró que dicha medida es proporcional y suficiente para resguardar los fines del procedimiento, atendiendo a que el imputado cuenta con documento de identidad de su país de origen, se encuentra trabajando y tiene arraigo familiar, conforme al artículo 352 del Código Procesal Penal. La decisión se adoptó con el voto en contra de la ministra A.P., quien estimó que debía decretarse prisión preventiva por peligro de fuga, al no existir datos fehacientes que acrediten la identidad del imputado.

Normas citadas

  • Artículo 352 del Código Procesal Penal
medida cautelar personalprisión preventivaarraigo nacionalpeligro de fugaproporcionalidadapelación cautelarCódigo Procesal Penal

Preguntas frecuentes

¿Procede la prisión preventiva si el imputado tiene arraigo familiar, trabajo y documento de identidad?

En este caso, la Corte de Apelaciones de San Miguel sostuvo que no procede, confirmando el arraigo nacional, porque el imputado tiene documento de identidad, trabajo y arraigo familiar, lo que basta para resguardar los fines del procedimiento. Hubo un voto en contra que estimó procedente la prisión preventiva.

¿Cuándo es suficiente el arraigo nacional como medida cautelar en el proceso penal chileno?

En este caso, el tribunal consideró que el arraigo nacional es proporcional y suficiente, conforme al artículo 352 del Código Procesal Penal, al acreditarse la residencia y vínculos del imputado en el país. Se rechazó el recurso del ente persecutor.

¿Qué ocurre si no existen datos fehacientes que acrediten la identidad del imputado en una audiencia de cautela de garantías?

En este caso, una ministra de la Corte disidente estimó que debía decretarse prisión preventiva por peligro de fuga, ya que no había datos fehacientes que acreditaran la identidad del imputado. La mayoría del tribunal, sin embargo, mantuvo el arraigo nacional.

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