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El Segundo Juzgado de Policía Local de Copiapó acogió una denuncia del Servicio Naciona…

Sentencia · 2do JUZGADO DE POLICIA LOCAL DE COPIAPO · 2016

Resumen

El Segundo Juzgado de Policía Local de Copiapó acogió una denuncia del Servicio Nacional del Consumidor contra un supermercado, por infracción a la Ley 19.496 de Protección de los Derechos de los Consumidores. El organismo acusó que el proveedor no garantizó la seguridad del recinto, pues una clienta resultó lesionada por la caída de un objeto desde el techo del local. El tribunal rechazó la objeción documental de la denunciada y concluyó que todo proveedor debe efectuar mantenciones para evitar accidentes, de modo que al no hacerlo actuó con negligencia e incumplió el deber de profesionalidad, infringiendo el artículo 3 letra d) y el artículo 23 inciso 1° de la ley. En consecuencia, condenó a la empresa al pago de una multa de tres unidades tributarias mensuales y al de las costas de la causa, con apercibimiento de reclusión para su representante legal si no paga dentro del plazo legal.

Normas citadas

  • Ley 19.496, Art. 3 Inc. 1 Letra d
  • Ley 19.496, Art. 23
Sentencia DefinitivaInterés generalDenuncia infraccionalSERNAC se hizo parte

Preguntas frecuentes

¿Puede un supermercado ser sancionado si un cliente se lesiona por la caída de un objeto desde el techo del local?

En este caso, el tribunal acogió la denuncia del SERNAC y concluyó que el proveedor incumplió su deber de seguridad y profesionalidad al no efectuar mantenciones para evitar accidentes, infringiendo la Ley 19.496.

¿Qué obligaciones de mantención tiene un proveedor respecto de la seguridad de su recinto según la Ley del Consumidor?

En este caso, el tribunal sostuvo que todo proveedor debe efectuar mantenciones para evitar accidentes en su recinto, y que al no hacerlo actuó con negligencia e incumplió el deber de profesionalidad que exige la Ley 19.496.

¿Qué sanción se aplica a un proveedor que no garantiza la seguridad de su local y causa lesiones a un cliente?

En este caso, el tribunal condenó a la empresa al pago de una multa de tres unidades tributarias mensuales y al de las costas de la causa, con apercibimiento de reclusión para su representante legal si no paga.

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