El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado por un…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad presentado por un trabajador contra la expresión 'en forma absoluta' contenida en el artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226, que regulaba los procedimientos judiciales durante el estado de excepción por COVID-19. El requirente argumentó que dicha norma vulneraba su derecho a defensa al obligarlo a enfrentar una audiencia de juicio oral por vía remota. El Tribunal estimó que la expresión impugnada contravenía los artículos 19 N° 2 y 3 de la Constitución Política, al establecer un estándar excesivamente restrictivo para solicitar la suspensión de audiencias en procedimientos penales con privados de libertad, lo que impedía el pleno ejercicio de las facultades procesales. La sentencia fue redactada por el Ministro R.P.F., con la disidencia de la Ministra M.P.S.G..
Normas citadas
Artículo 19 N° 2 de la Constitución Política de la República
Artículo 19 N° 3 de la Constitución Política de la República
Artículo 9°, inciso segundo, de la Ley N° 21.226
Código Procesal Penal
Código de Procedimiento Penal
Decreto Supremo N° 104 de 18 de marzo de 2020
inaplicabilidadinconstitucionalidadCOVID-19derecho a defensaprocedimiento penalgarantías procesalesestado de excepciónaudiencia remota
Preguntas frecuentes
¿Puede un trabajador alegar que se vulnera su derecho a defensa si debe enfrentar un juicio oral por videoconferencia durante la pandemia?
En este caso, el requirente sostuvo que obligarlo a enfrentar una audiencia de juicio oral por vía remota vulneraba su derecho a defensa, argumento que el Tribunal Constitucional consideró al resolver la inaplicabilidad del precepto impugnado.
¿Qué estándar fijó el Tribunal Constitucional para la suspensión de audiencias penales con privados de libertad durante el estado de excepción?
En este caso, el Tribunal Constitucional estimó que un estándar excesivamente restrictivo para solicitar la suspensión de audiencias en procedimientos penales con privados de libertad era contrario a la Constitución, por lo que declaró inaplicable la expresión impugnada.
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