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La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a indemnizar a un…

Sentencia · Corte Suprema · 2025

Resumen

La Corte Suprema confirmó la sentencia que condenó al Estado de Chile a indemnizar a un detenido político que sufrió tortura y exilio forzado por parte de agentes estatales. El tribunal fijó la indemnización por daño moral en $100.000.000, rebajando el monto original. La decisión se fundó en la aplicación preferente de tratados internacionales de derechos humanos y normas de ius cogens, reconociendo la responsabilidad estatal por actos ilícitos de sus funcionarios. Para cuantificar el daño moral, la Corte consideró la naturaleza subjetiva e inmaterial del perjuicio, las circunstancias del hecho, la intensidad del sufrimiento y la comparación con casos similares.

Normas citadas

  • Artículo 5° Constitución Política de la República
  • Artículos 6, 38 y 19 numerales 22 y 24 Constitución Política de la República
  • Artículo 785 Código de Procedimiento Civil
  • Artículos 186 y siguientes Código de Procedimiento Civil
  • Artículos 10, 40 y 425 Código de Procedimiento Penal
  • Convención de Viena sobre Derecho de los Tratados
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Preguntas frecuentes

¿Puede el Estado de Chile ser condenado a indemnizar por daño moral a una persona que sufrió tortura y exilio forzado por agentes estatales?

En este caso, la Corte Suprema confirmó la condena al Estado de Chile a indemnizar al afectado, reconociendo su responsabilidad por actos ilícitos de sus funcionarios. Sostuvo que corresponde aplicar preferentemente tratados internacionales de derechos humanos y normas de ius cogens.

¿Cómo se fija el monto de la indemnización por daño moral en casos de tortura y exilio político?

En este caso, la Corte Suprema fijó la indemnización en $100.000.000, rebajando el monto original. Para cuantificarla consideró la naturaleza subjetiva e inmaterial del perjuicio, las circunstancias del hecho, la intensidad del sufrimiento y la comparación con casos similares.

¿Los tratados internacionales de derechos humanos prevalecen sobre las normas procesales internas al decidir demandas de indemnización contra el Estado?

En este caso, la Corte Suprema fundó su decisión en la aplicación preferente de tratados internacionales de derechos humanos y de normas de ius cogens. Con ello reconoció la responsabilidad estatal por los actos ilícitos cometidos por sus funcionarios.

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