Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre el sentido y alcance de los artículos 9° y 10 de la ley N° 20.374, que facultan a las universidades estatales a establecer un mecanismo de incentivo al retiro para sus funcionarios. En lo resolutivo, el organismo indicó que, para la contratación correspondiente, debe emplearse en primer término la licitación pública que exige el artículo 10, inciso tercero, de la ley N° 20.374, pudiendo recurrirse a la licitación privada o al trato directo del artículo 9° de la ley N° 18.575 solo si no prospera esa modalidad. Asimismo, resolvió que la junta directiva de la universidad debe autorizar la contribución institucional al beneficio compensatorio y al fondo, por incidir en su presupuesto y patrimonio, conforme a sus atribuciones del decreto con fuerza de ley N° 150, de 1981, y que dicho acto está afecto a control previo de juridicidad.