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El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2021

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado contra la expresión «en forma absoluta» del artículo 9° de la Ley N° 21.226, que regulaba la suspensión de audiencias penales con personas privadas de libertad durante la emergencia sanitaria. El requirente sostenía que la norma vulneraba el derecho a defensa, el debido proceso y la igualdad, al exigir un impedimento absoluto para suspender el juicio oral no presencial. El Tribunal consideró que dicha exigencia afectaba el derecho a defensa, especialmente ante la brecha digital que genera desigualdad en el acceso a las comunicaciones digitales por razones económicas, culturales, educacionales o geográficas. Asimismo, concluyó que el juicio oral en línea vía remota impide respetar en su integridad los principios de oralidad, inmediación y publicidad, configurando una vulneración al debido proceso. Por ello, acogió el requerimiento.

Tribunal ConstitucionalINA

Preguntas frecuentes

¿Es inconstitucional exigir un impedimento absoluto para suspender un juicio oral penal con personas privadas de libertad durante la emergencia sanitaria?

En este caso, el Tribunal Constitucional acogió el requerimiento y declaró inaplicable la expresión «en forma absoluta» del artículo 9° de la Ley N° 21.226, por afectar el derecho a defensa y el debido proceso.

¿Puede un juicio oral penal realizarse por videoconferencia sin vulnerar el debido proceso?

En este caso, el Tribunal sostuvo que el juicio oral en línea vía remota impide respetar en su integridad los principios de oralidad, inmediación y publicidad, lo que configura una vulneración al debido proceso.

¿La brecha digital puede afectar el derecho a defensa en juicios penales realizados en forma remota?

En este caso, el Tribunal consideró que la brecha digital genera desigualdad en el acceso a las comunicaciones digitales por razones económicas, culturales, educacionales o geográficas, lo que afecta el derecho a defensa.

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