El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presenta…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2016
Resumen
El Consejo para la Transparencia resolvió un amparo de acceso a la información presentado contra el Consejo de Defensa del Estado, que había sido solicitado por un particular respecto de correos electrónicos y registros de páginas web vinculados a un procurador fiscal. El Consejo concluyó que concurre la causal de secreto o reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, referida a la protección de los datos personales, por cuanto el interés público en conocer esa información no supera el derecho a la privacidad del funcionario, pues el debido desempeño de funciones públicas no exige divulgar historiales de navegación si existen mecanismos menos invasivos. En consecuencia, rechazó el amparo. Contra esta decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente, dentro de 15 días corridos desde la notificación.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoJusticia
Preguntas frecuentes
¿Se puede pedir por Ley de Transparencia los correos electrónicos y el historial de navegación de un funcionario público?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó el amparo, porque concluyó que concurre la causal de reserva del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia, referida a la protección de datos personales. Estimó que el interés público no supera el derecho a la privacidad del funcionario, ya que el buen desempeño de sus funciones no exige divulgar historiales de navegación si existen mecanismos menos invasivos.
¿Qué recurso procede contra una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo de acceso a la información?
En este caso, el Consejo indicó que contra su decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones correspondiente. El plazo es de 15 días corridos desde la notificación.
¿Cuándo la protección de datos personales de un funcionario impide acceder a información pública?
En este caso, el Consejo sostuvo que la causal del artículo 21 N° 5 de la Ley de Transparencia operó porque el interés público en la información no superaba el derecho a la privacidad del funcionario. Concluyó que el debido desempeño de funciones públicas no exige divulgar correos y registros de navegación cuando existen mecanismos menos invasivos.
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