El Consejo para la Transparencia rechazó los amparos interpuestos por una reclamante en…
Resolución · Consejo para la Transparencia · 2021
Resumen
El Consejo para la Transparencia rechazó los amparos interpuestos por una reclamante en contra de la Superintendencia de Seguridad Social (SUSESO). La reclamante, personalmente o representada, había formulado múltiples y reiteradas solicitudes de acceso a información sobre la calificación de patologías o materias asociadas. El Consejo consideró que estos requerimientos constituyen solicitudes abusivas, cuya atención afecta el debido cumplimiento de las funciones del órgano requerido, en los términos del artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia. La decisión se adoptó por unanimidad de los miembros presentes. Contra ella procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación, sin perjuicio de las limitaciones señaladas para los órganos de la Administración.
Normas citadas
Ley de Transparencia
amparoDecisión de FondoGrupos de interés especial
Preguntas frecuentes
¿Puede un organismo público negarse a entregar información si las solicitudes de acceso son múltiples y reiteradas?
En este caso, el Consejo para la Transparencia rechazó los amparos porque consideró que las múltiples y reiteradas solicitudes eran abusivas y afectaban el debido cumplimiento de las funciones de la Superintendencia de Seguridad Social, conforme al artículo 21 N° 1 de la Ley de Transparencia.
¿Qué plazo hay para reclamar de una decisión del Consejo para la Transparencia que rechaza un amparo por solicitudes abusivas?
En este caso, el resumen indica que contra la decisión procede reclamo de ilegalidad ante la Corte de Apelaciones respectiva, dentro de 15 días corridos desde la notificación.
¿El Consejo para la Transparencia puede declarar abusivas las solicitudes de información de una misma persona?
En este caso, el Consejo sostuvo que los requerimientos reiterados de la reclamante constituían solicitudes abusivas, por lo que rechazó los amparos que había interpuesto contra la Superintendencia de Seguridad Social. La decisión se adoptó por unanimidad.
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