El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por un imputado en un proceso penal por tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas simples, en contra del artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216, que impide el acceso a penas sustitutivas. El requirente alegó que la norma vulneraba la dignidad humana, la igualdad ante la ley y el derecho a un procedimiento racional y justo. El Tribunal sostuvo que las penas sustitutivas no operan automáticamente, que la política criminal corresponde fijarla al legislador dentro de límites constitucionales, que no existe un derecho subjetivo a dichas penas y que no se configura un trato discriminatorio. Un ministro previno que estuvo por acoger la impugnación.
Normas citadas
Artículo 1° de la Constitución Política de la República de Chile
Artículo 19, numeral 2° de la Constitución Política de la República de Chile
Artículo 19, numeral 3°, inciso sexto de la Constitución Política de la República de Chile
Artículo 1.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos
Artículo 1°, inciso segundo de la Ley N° 18.216
inaplicabilidadinconstitucionalidaddignidad humanaigualdad ante la leyproporcionalidad de penasderecho penalLey 18.216procedimiento racional y justo
Preguntas frecuentes
¿Es inconstitucional el artículo 1°, inciso segundo, de la Ley N° 18.216 por impedir el acceso a penas sustitutivas en ciertos casos?
En este caso, el Tribunal Constitucional rechazó el requerimiento de inaplicabilidad. Sostuvo que las penas sustitutivas no operan automáticamente, que fijar la política criminal corresponde al legislador dentro de límites constitucionales y que no existe un derecho subjetivo a esas penas.
¿Existe un derecho subjetivo a obtener una pena sustitutiva en Chile según la Constitución?
En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que no existe un derecho subjetivo a las penas sustitutivas de la Ley N° 18.216. Por lo mismo, la exclusión legal de ciertos condenados no vulnera por sí sola la dignidad, la igualdad ante la ley ni el debido proceso.
¿Puede el legislador excluir de penas sustitutivas a ciertos delitos sin vulnerar la igualdad ante la ley?
En este caso, el Tribunal estimó que la norma no configura un trato discriminatorio y que la definición de la política criminal es facultad del legislador. Un ministro previno que estuvo por acoger la impugnación.
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