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El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstituci…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2013

Resumen

El Tribunal Constitucional rechazó un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una sociedad anónima contra normas del Código de Comercio, en el marco de un recurso de apelación seguido ante la Corte de Apelaciones de Santiago. El tribunal sostuvo que la acción de inaplicabilidad no puede utilizarse para impugnar resoluciones judiciales, pues la guarda del imperio de la ley en el conocimiento y ejecución de lo juzgado corresponde exclusivamente a los tribunales ordinarios, a través de las vías procesales previstas en las leyes de enjuiciamiento. Al buscar dejar sin efecto una sentencia judicial, el requerimiento carecía de fundamento plausible, configurándose la causal de inadmisibilidad del número 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997.

Normas citadas

  • artículo 68, inciso 2, de Código de Comercio
  • artículo 70, inciso 4, de Código de Comercio
Tribunal ConstitucionalINAAcción De InconstitucionalidadDeclaración De Inhabilidad Del Presidente De La RepúblicaDerecho A La DignidadTribunales De Justicia

Preguntas frecuentes

¿Se puede usar la acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad para impugnar una sentencia judicial?

No. En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la inaplicabilidad no sirve para impugnar resoluciones judiciales, porque el control de lo juzgado corresponde a los tribunales ordinarios por las vías procesales previstas en las leyes de enjuiciamiento.

¿Qué pasa si un requerimiento de inaplicabilidad busca dejar sin efecto una sentencia judicial?

En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que, al buscar dejar sin efecto una sentencia, el requerimiento carecía de fundamento plausible, configurándose la causal de inadmisibilidad del número 6° del artículo 84 de la Ley N° 17.997, y lo rechazó.

¿Quién tiene la competencia para controlar lo juzgado en un recurso de apelación mercantil?

En este caso, el Tribunal Constitucional sostuvo que la guarda del imperio de la ley en el conocimiento y ejecución de lo juzgado corresponde exclusivamente a los tribunales ordinarios, a través de las vías procesales previstas en las leyes de enjuiciamiento.

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