La Contraloría General de la República se pronunció sobre la resolución del Servicio de…
Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
Resumen
La Contraloría General de la República se pronunció sobre la resolución del Servicio de Impuestos Internos, que aprobaba el contrato de prestación de servicios de telefonía local, incluido el arriendo de equipos, suscrito con GTD Telesat S.A. El órgano contralor no tomó razón del acto y lo representó por tres motivos: la cláusula de renovación automática carecía de motivos fundados, lo que contraviene el artículo 9° de la ley N° 18.575 y los artículos 12 y 52 del reglamento de la ley N° 19.886; la cláusula que permitía prorrogar el contrato para asegurar la continuidad del servicio vulneraba la regla de vigencia de los actos administrativos, que rigen desde su total tramitación; y la facultad de poner término anticipado por cualquier incumplimiento era incompatible con el principio de certeza jurídica, ya que las sanciones deben vincularse a infracciones claramente establecidas.
Normas citadas
ley 18575 art/9
Dto 250/2004 Hacie art/12
Dto 250/2004 Hacie art/52
ley 19886
dfl 1/19653/2000 sepre
ContraloríaCGRdictamen
Preguntas frecuentes
¿Puede la Contraloría tomar razón de un contrato de servicios públicos que incluya una cláusula de renovación automática sin motivos fundados?
En este caso, la Contraloría no tomó razón de la resolución que aprobaba el contrato de telefonía, porque la renovación automática carecía de motivos fundados, lo que contraviene el artículo 9° de la ley N° 18.575 y los artículos 12 y 52 del reglamento de la ley N° 19.886.
¿Es válida una cláusula que permite prorrogar un contrato administrativo para asegurar la continuidad del servicio?
En este caso, el órgano contralor sostuvo que la cláusula de prórroga para asegurar la continuidad vulneraba la regla de vigencia de los actos administrativos, que rigen desde su total tramitación.
¿Puede la Administración poner término anticipado a un contrato ante cualquier incumplimiento del contratista?
En este caso, la Contraloría estimó que la facultad de poner término anticipado por cualquier incumplimiento era incompatible con el principio de certeza jurídica, pues las sanciones deben vincularse a infracciones claramente establecidas.
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Dictamen · Contraloría General de la República · 2010
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