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El Tribunal Constitucional, en un proveído de tramitación inicial, dio cuenta en su Seg…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional, en un proveído de tramitación inicial, dio cuenta en su Segunda Sala de un requerimiento que impugna una norma que permite adjudicar por dos tercios de la tasación los bienes embargados si no se presentan postores. El tribunal designó a una relatora para la tramitación del asunto, conforme a sus competencias establecidas en el artículo 93 de la Constitución Política y la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional. Se trata de un acto de tramitación inicial del proceso constitucional.

Normas citadas

  • Artículo 93, inciso primero, N° 6, Constitución Política de la República
  • Artículo 93, inciso undécimo, Constitución Política de la República
  • Artículo 8°, letras b) y d), Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículo 32, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículos 79 y siguientes, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Qué hace el Tribunal Constitucional cuando recibe un requerimiento que impugna una norma sobre adjudicación de bienes embargados?

En este caso, el Tribunal Constitucional, mediante un proveído de tramitación inicial, dio cuenta del requerimiento en su Segunda Sala y designó a una relatora para su tramitación, conforme al artículo 93 de la Constitución y su Ley Orgánica.

¿Cómo se tramita un requerimiento de inaplicabilidad o impugnación de una norma ante el Tribunal Constitucional en Chile?

En este caso, el resumen indica que el requerimiento se dio cuenta en la Segunda Sala y se asignó una relatora, lo que corresponde a un acto de tramitación inicial del proceso constitucional, sin que se haya resuelto el fondo.

¿Qué competencias tiene el Tribunal Constitucional para revisar la adjudicación por dos tercios de la tasación de bienes embargados?

En este caso, el Tribunal Constitucional conoció un requerimiento que impugna esa norma de adjudicación, fundado en el artículo 93 de la Constitución y en la Ley Orgánica del Tribunal, pero el resumen no informa un pronunciamiento sobre su constitucionalidad.

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