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El Tribunal Constitucional dictó un proveído de tramitación en una acción de inaplicabi…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2025

Resumen

El Tribunal Constitucional dictó un proveído de tramitación en una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad, promovida contra normas que facultan al juez para decretar el lanzamiento del propietario tras el remate judicial de su inmueble. La resolución no decide el fondo del asunto: se limita a dar cuenta del caso a la Segunda Sala y a designar un relator para su tramitación. Su competencia se funda en el artículo 93, inciso primero, N° 6, de la Constitución Política y en los artículos 8°, letras b) y d), 32 y 79 y siguientes de la Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional.

Normas citadas

  • Artículo 93, inciso primero, N° 6, Constitución Política de la República
  • Artículo 93, inciso undécimo, Constitución Política de la República
  • Artículo 8°, letras b) y d), Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículo 32, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
  • Artículos 79 y siguientes, Ley Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional
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Preguntas frecuentes

¿Qué resolvió el Tribunal Constitucional en una acción de inaplicabilidad contra normas que permiten el lanzamiento del propietario tras un remate judicial?

En este caso, el Tribunal Constitucional solo dictó un proveído de tramitación: dio cuenta del caso a la Segunda Sala y designó un relator, sin decidir el fondo del asunto.

¿En qué normas se funda la competencia del Tribunal Constitucional para conocer una acción de inaplicabilidad por inconstitucionalidad?

En este caso, la competencia se funda en el artículo 93, inciso primero, N° 6, de la Constitución Política y en los artículos 8°, letras b) y d), 32 y 79 y siguientes de su Ley Orgánica Constitucional.

¿Qué significa un proveído de tramitación en un proceso de inaplicabilidad ante el Tribunal Constitucional?

En este caso, el proveído se limita a dar cuenta del caso a la Segunda Sala y a designar un relator para su tramitación, sin pronunciarse sobre la constitucionalidad de las normas impugnadas.

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