La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección interpuesto por u…
Sentencia · Corte de Apelaciones · 2026
Resumen
La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección interpuesto por un trabajador contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación excesiva en la tramitación de su solicitud de nacionalización. El tribunal constató que la solicitud estaba en tramitación desde hacía más de un año sin que la autoridad hubiera emitido una decisión definitiva, lo que vulneraba los principios de celeridad y conclusividad de la Ley N°19.880 y la garantía constitucional de igualdad ante la ley. En consecuencia, ordenó al Servicio concluir la tramitación en un plazo de sesenta días y remitir los antecedentes al Subsecretario del Interior, sin costas.
Normas citadas
Art. 7 Ley N°19.880
Art. 27 Ley N°19.880
Art. 19 N°2 Constitución Política de la República
Art. 19 Constitución Política de la República
Art. 20 Constitución Política de la República
protecciónnacionalizaciónomisión administrativaprincipio de celeridaddiscriminación arbitrariaderechos constitucionalesLey 19.880
Preguntas frecuentes
¿La demora excesiva de la administración en resolver una solicitud de nacionalización vulnera derechos constitucionales en Chile?
En este caso, la Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió un recurso de protección porque la solicitud llevaba más de un año en tramitación sin decisión definitiva, lo que vulneraba los principios de celeridad y conclusividad de la Ley N°19.880 y la garantía de igualdad ante la ley.
¿Qué puede ordenar la Corte de Apelaciones cuando el Servicio Nacional de Migraciones no resuelve una solicitud dentro de un plazo razonable?
En este caso, el tribunal ordenó al Servicio concluir la tramitación en un plazo de sesenta días y remitir los antecedentes al Subsecretario del Interior, sin imponer costas.
¿Qué principios de la Ley N°19.880 obligan a la administración a decidir oportunamente los procedimientos administrativos?
En este caso, la Corte sostuvo que la demora vulneraba los principios de celeridad y conclusividad de la Ley N°19.880, al no haberse emitido una decisión definitiva tras más de un año de tramitación.
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