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La Contraloría General de la República desestimó la ilegalidad denunciada respecto de i…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2026

Resumen

La Contraloría General de la República desestimó la ilegalidad denunciada respecto de instrucciones impartidas por la Superintendencia de Educación, contenidas en una resolución exenta de 2021, sobre protección de derechos de niños, niñas y estudiantes trans en el ámbito escolar. El dictamen concluye que dichas instrucciones se enmarcan en las competencias legales de la Superintendencia, conforme a los artículos 48, 49 letra m) y 100 letra g) de la ley N° 20.529, y se fundamentan en los principios y garantías de la ley N° 21.120, sin abordar el cambio registral de sexo ni contravenir el ordenamiento jurídico. Se ordena atender especialmente a los derechos y principios constitucionales, de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la ley N° 21.430, aplicando el interés superior del niño.

Normas citadas

  • POL art/1 inc/1
  • POL art/1 inc/4
  • POL art/5 inc/2
  • POL art/19 num/2
  • POL art/19 num/4
  • POL art/19 num/10
  • POL art/19 num/11
  • DTO 830/90 relac
ContraloríaCGRdictamengenera jurisprudencia

Preguntas frecuentes

¿La Superintendencia de Educación puede impartir instrucciones para proteger los derechos de estudiantes trans en los colegios?

Según este dictamen, sí. La Contraloría concluyó que las instrucciones de la Superintendencia de Educación se enmarcan en sus competencias legales (ley N° 20.529) y se fundamentan en los principios de la ley N° 21.120, por lo que no son ilegales.

¿Las instrucciones de la Superintendencia sobre estudiantes trans permiten cambiar el registro de sexo de un menor?

No. El dictamen señala que las instrucciones no abordan el cambio registral de sexo, por lo que el análisis se limita al ámbito escolar y no a la modificación de registros.

¿Qué criterios deben aplicarse en el colegio al proteger los derechos de niños y estudiantes trans?

En este caso, la Contraloría ordenó atender especialmente a los derechos y principios constitucionales, a la Convención sobre los Derechos del Niño y a la ley N° 21.430, aplicando el interés superior del niño.

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