La Corte Suprema conoció de un recurso de protección presentado por un recurrente contr…
Sentencia · Corte Suprema · 2026
Resumen
La Corte Suprema conoció de un recurso de protección presentado por un recurrente contra el Servicio Nacional de Migraciones, por la dilación injustificada en resolver su solicitud de regularización migratoria. Se alegó vulneración de las garantías de igualdad ante la ley y libertad personal. La Corte consideró que la autoridad administrativa incumplió los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad de la Ley N° 19.880, excediendo el plazo del artículo 27 sin emitir pronunciamiento. La demora fue calificada de ilegal y arbitraria, configurando una discriminación respecto de otros solicitantes. Se revocó la sentencia apelada y se acogió el recurso, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones emitir pronunciamiento en un plazo de 60 días. El falló contó con voto en contra del ministro Matus.
Normas citadas
Artículo 19 N°2 Constitución Política de la República
Artículo 19 N°7 Constitución Política de la República
¿Puede un recurso de protección proceder contra la demora de la administración en resolver una solicitud de regularización migratoria?
En este caso, la Corte Suprema acogió un recurso de protección porque el Servicio Nacional de Migraciones demoró injustificadamente en resolver la solicitud, excediendo el plazo legal sin emitir pronunciamiento, lo que calificó de ilegal y arbitrario.
¿Qué principios de la Ley N° 19.880 pueden considerarse incumplidos por la demora de un órgano administrativo?
La Corte Suprema sostuvo que la autoridad incumplió los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad, previstos en la Ley N° 19.880, al no resolver dentro del plazo del artículo 27.
¿Puede la demora administrativa en un trámite migratorio vulnerar la igualdad ante la ley?
En este caso, la Corte consideró que la demora configuró una discriminación respecto de otros solicitantes, vulnerando la garantía de igualdad ante la ley, y ordenó al Servicio emitir pronunciamiento en un plazo de 60 días. El fallo tuvo un voto en contra.
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