Resumen del criterio jurisprudencial
La Corte Suprema conoció de un recurso de protección interpuesto por Fernández contra el Servicio Nacional de Migraciones por la dilación injustificada en dar respuesta a su solicitud de regularización migratoria. El recurrente alegó que la demora vulneraba sus garantías de igualdad ante la ley y libertad personal (artículo 19 N°2 y N°7 de la Constitución). La Corte consideró que la autoridad administrativa incumplió los principios de celeridad, conclusivo, economía procedimental e inexcusabilidad establecidos en la Ley N° 19.880. Se constató que el Servicio excedió el plazo del artículo 27 de dicha ley, sin emitir pronunciamiento. La dilación fue calificada de ilegal y arbitraria, configurando una discriminación respecto de otros solicitantes en situación similar. En consecuencia, se revocó la sentencia apelada y se acogió el recurso, ordenando al Servicio Nacional de Migraciones emitir pronunciamiento dentro de 60 días. El fallo contó con el voto en contra del Ministro Matus, quien estimó que debía confirmarse el rechazo del recurso.