El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucio…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2022
Resumen
El Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad por inconstitucionalidad presentado por una víctima de estafa y fraude informático, en contra del artículo 248 letra c) del Código Procesal Penal. La requirente cuestionó que dicha norma permitiera al Ministerio Público comunicar su decisión de no perseverar en el procedimiento sin haber formalizado la investigación, lo que, a su juicio, vulneraba su derecho constitucional como víctima a la acción penal reconocido en el artículo 19 N° 3 de la Constitución. El Tribunal declaró la inaplicabilidad de la disposición legal impugnada en el caso concreto, por considerar que su aplicación infringía el artículo 6° de la Carta Fundamental, que obliga a los órganos del Estado a respetar y promover las garantías constitucionales. En consecuencia, ordenó al Ministerio Público realizar las diligencias necesarias para dar cumplimiento a la sentencia.
Normas citadas
Artículo 248, letra c), Código Procesal Penal
Artículo 19 N° 3, Constitución Política de la República
Artículo 161, incisos 1° y 2°, Código Penal
Ley N° 19.223, artículos 2 y 4
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Preguntas frecuentes
¿Puede el Ministerio Público decidir no perseverar en el procedimiento sin formalizar la investigación, si la víctima quiere seguir con la acción penal?
En este caso, el Tribunal Constitucional acogió un requerimiento de inaplicabilidad y declaró que la letra c) del artículo 248 del Código Procesal Penal no podía aplicarse, porque permitía comunicar la decisión de no perseverar sin formalizar, vulnerando el derecho de la víctima a la acción penal del artículo 19 N° 3 de la Constitución.
¿Qué significa que el Tribunal Constitucional declare la inaplicabilidad de una norma procesal penal en un caso concreto?
En este caso, el Tribunal declaró que la norma impugnada no debía aplicarse en el juicio de que se trataba, por considerar que su aplicación infringía el artículo 6° de la Constitución, y ordenó al Ministerio Público realizar las diligencias necesarias para cumplir la sentencia.
¿Tiene la víctima de una estafa o fraude informático derecho constitucional a que se persiga penalmente el delito?
En este caso, el Tribunal Constitucional reconoció que la víctima de estafa y fraude informático tiene el derecho a la acción penal del artículo 19 N° 3 de la Constitución, y que la decisión del Ministerio Público de no perseverar sin formalizar podía afectar ese derecho.
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