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La Contraloría General de la República, a través del dictamen N° 20.273 de 2019, resolv…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2019

Resumen

La Contraloría General de la República, a través del dictamen N° 20.273 de 2019, resolvió una consulta del G.P.C. sobre la rendición de cuentas de recursos del Fondo Social Presidente de la República, transferidos a una junta de vecinos para un proyecto aprobado en 2002. Se determinó que, conforme al dictamen N° 25.262 de 2012, las entidades receptoras de dichos fondos están eximidas de rendir cuenta si los recursos fueron transferidos antes de la vigencia de ese dictamen. En el caso concreto, al haberse transferido los fondos con anterioridad a 2012, la junta de vecinos no tiene la obligación de rendir cuentas, por lo que no existe impedimento para que pueda postular nuevamente a ser beneficiaria de los recursos del Fondo.

Normas citadas

  • RES 30/2015 contr
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Deben rendir cuentas las juntas de vecinas y vecinos por fondos del Fondo Social Presidente de la República transferidos antes de 2012?

En este caso, la Contraloría General de la República sostuvo que, conforme al dictamen N° 25.262 de 2012, las entidades receptoras no están obligadas a rendir cuenta de los recursos transferidos antes de la vigencia de ese dictamen. Por ello, la junta de vecinos no tenía esa obligación.

¿Puede una junta de vecinos postular nuevamente a fondos del Fondo Social si no rindió cuentas de una transferencia anterior a 2012?

En este caso, la Contraloría concluyó que, al haberse transferido los fondos antes de 2012 y no existir obligación de rendir cuentas, no hay impedimento para que la junta de vecinos postule nuevamente como beneficiaria.

¿Qué efecto tiene el dictamen N° 25.262 de 2012 sobre la rendición de cuentas de fondos públicos transferidos a entidades receptoras?

En este caso, la Contraloría determinó que dicho dictamen eximió de rendir cuenta a las entidades receptoras cuando los recursos fueron transferidos antes de su vigencia. Esta fue la base para resolver la consulta sobre el proyecto aprobado en 2002.

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