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La Contraloría General de la República se pronunció sobre la omisión de la Municipalida…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2011

Resumen

La Contraloría General de la República se pronunció sobre la omisión de la Municipalidad de Maipú de cobrar multas a la empresa concesionaria de recolección de residuos sólidos domiciliarios, por no haber comunicado a la inspección técnica la existencia de generadores de basura superiores a sesenta litros diarios. Las bases y el contrato fijaban una multa de 15 unidades tributarias mensuales por cada generador no comunicado, la que no fue cobrada. El organismo sostuvo que las bases de licitación integran el marco jurídico obligatorio para la Administración y los licitantes, según la Ley N° 19.886. Desestimó la alegación de que no se habría verificado la infracción, pues la conclusión se basó en datos entregados por la propia municipalidad y no se aportaron antecedentes que los desvirtuaran, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales disponibles. También rechazó que el vencimiento del plazo contractual impida cobrar las multas, por no existir norma que habilite al municipio a renunciar a sus derechos. En consecuencia, ratificó y complementó el informe final N°, ordenando a la municipalidad regularizar la situación.

Normas citadas

  • Ley 10336 art/131
  • pol art/98
  • ley 19886 art/10 inc/3
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Puede una municipalidad dejar de cobrar multas contractuales a una concesionaria de aseo si ya venció el plazo del contrato?

No. En este caso, la Contraloría General de la República rechazó que el vencimiento del plazo contractual impida cobrar las multas, porque no existe norma que habilite al municipio a renunciar a sus derechos, y ordenó regularizar la situación.

¿Las bases de licitación son obligatorias para la Administración y para los proponentes en contratos de compras públicas?

Sí. En este caso, la Contraloría sostuvo que las bases de licitación integran el marco jurídico obligatorio para la Administración y los licitantes, conforme a la Ley N° 19.886 de compras públicas.

¿Qué se requiere para desvirtuar una infracción contractual que la Administración constató con datos entregados por el propio contratista?

En este caso, la Contraloría desestimó el alegato de que no se habría verificado la infracción, porque la conclusión se basó en datos entregados por la propia municipalidad y no se aportaron antecedentes que los desvirtuaran, sin perjuicio de las acciones jurisdiccionales disponibles.

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