El Primer Juzgado Civil de Talcahuano remitió al Tribunal Constitucional una cuestión d…
Sentencia · Tribunal Constitucional · 2024
Resumen
El Primer Juzgado Civil de Talcahuano remitió al Tribunal Constitucional una cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad respecto de los artículos 9 y 9 bis de la Ley 17.635, que regulan el cobro ejecutivo de créditos y el requerimiento de pago de subsidios habitacionales. La gestión se originó en una demanda del SERVIU contra un trabajador para obtener la restitución de un subsidio habitacional por no habitar la vivienda adquirida. Se alegó que las normas impugnadas vulneran el artículo 19 numeral 3 de la Constitución, específicamente la garantía del debido proceso, al permitir una notificación mediante cédula dejada en el domicilio sin asegurar un emplazamiento válido y eficaz del deudor. El tribunal consideró que dicha ficción de emplazamiento podría conculcar derechos fundamentales, al no garantizar que el emplazado reciba efectivamente la comunicación judicial, en línea con jurisprudencia previa del Tribunal Constitucional.
Normas citadas
Artículo 19 numeral 3 de la Constitución Política de la República
Artículo 4 de la Ley 17.635
Artículo 9 de la Ley 17.635
Artículo 9 bis de la Ley 17.635
Artículo 44 del Código de Procedimiento Civil
Artículo 54 del Código de Procedimiento Civil
Artículo 8 de la Ley 17.635
Artículos 38 y 79 de la Ley 17.997 (Orgánica Constitucional del Tribunal Constitucional)
¿La notificación por cédula dejada en el domicilio del deudor respeta el debido proceso en el cobro ejecutivo de subsidios habitacionales?
En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que esa ficción de emplazamiento podría vulnerar la garantía del debido proceso, porque no asegura que el deudor reciba efectivamente la comunicación judicial.
¿Puede el SERVIU cobrar judicialmente la restitución de un subsidio habitacional si el beneficiario no habita la vivienda?
En este caso, la gestión se originó en una demanda del SERVIU contra un trabajador para obtener la restitución del subsidio por no habitar la vivienda adquirida, y el tribunal que la planteó sometió al control constitucional los artículos 9 y 9 bis de la Ley 17.635.
¿Cuándo procede una cuestión de inaplicabilidad por inconstitucionalidad contra normas de cobro ejecutivo de créditos?
En este caso, un juzgado civil de Talcahuano remitió al Tribunal Constitucional una cuestión de inaplicabilidad contra los artículos 9 y 9 bis de la Ley 17.635, alegando que vulneraban el artículo 19 número 3 de la Constitución.
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