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La Corte Suprema acogió el recurso de un trabajador que demandó a la Subsecretaría del…

Sentencia · Corte Suprema · 2021

Resumen

La Corte Suprema acogió el recurso de un trabajador que demandó a la Subsecretaría del Interior por despido injustificado, aplicando el principio de primacía de la realidad. Se declaró que entre marzo de 2014 y agosto de 2018 existió una relación laboral subordinada y dependiente, pese a la clasificación formal como funcionario público. El tribunal ordenó el pago de indemnización por años de servicio, indemnización sustitutiva de aviso previo y recargo del 50% conforme al artículo 168 del Código del Trabajo. Se rechazaron las excepciones de incompetencia y prescripción, así como la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales. Cada parte pagará sus costas.

Normas citadas

  • Artículo 7 Código del Trabajo
  • Artículo 8 Código del Trabajo
  • Artículo 11 Ley 18.834 Estatuto Administrativo
  • Artículo 162 Código del Trabajo (incisos 5° y 7°)
  • Artículo 168 letra b) Código del Trabajo
  • Artículo 63 Código del Trabajo
  • Artículo 173 Código del Trabajo
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Preguntas frecuentes

¿Puede prevalecer la relación laboral real sobre la clasificación formal de funcionario público en un servicio estatal?

Sí. En este caso, la Corte Suprema aplicó el principio de primacía de la realidad y declaró que existió una relación laboral subordinada y dependiente pese a que el trabajador estaba clasificado formalmente como funcionario público.

¿Qué indemnizaciones procede pagar por un despido injustificado de un trabajador con relación laboral declarada en un órgano del Estado?

En este caso, la Corte Suprema ordenó el pago de indemnización por años de servicio, indemnización sustitutiva de aviso previo y el recargo del 50% previsto en el artículo 168 del Código del Trabajo.

¿Procede la tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales en un juicio por despido de un trabajador de la Administración del Estado?

En este caso, la Corte Suprema rechazó la acción de tutela laboral por vulneración de derechos fundamentales, junto con las excepciones de incompetencia y prescripción, y dispuso que cada parte pague sus costas.

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