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La Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que analizó un eventual…

Dictamen · Contraloría General de la República · 2019

Resumen

La Contraloría General de la República emitió un dictamen en el que analizó un eventual conflicto de intereses entre el Director Zonal de Pesca y Acuicultura de la Región de Magallanes y de la Antártica Chilena y una empresa de su propiedad. Tras revisar los antecedentes, se concluyó que no se configuró un conflicto de intereses, ya que las facturas emitidas por la empresa correspondían a servicios de transporte no relacionados con el sector pesquero o acuícola, y no se registraron contrataciones con entidades públicas ni transferencias de recursos desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura. Además, las reuniones del funcionario en el marco de la Ley del Lobby no se vincularon con dicha empresa. No obstante, se previno que, al ser aún propietario de la sociedad, el funcionario deberá abstenerse de intervenir en asuntos que pudieran afectar su imparcialidad.

Normas citadas

  • POL art/19 num/21
  • POL art/19 num/23
  • POL art/19 num/24
  • Ley 18575 art/56
  • Ley 18575 art/62 num/6
  • Ley 19880 art/12 num/1
  • Ley 20880 art/1 inc/fin
  • Ley 20256 art/60
ContraloríaCGRdictamen

Preguntas frecuentes

¿Un funcionario público incurre en conflicto de intereses si su empresa factura servicios de transporte no relacionados con su sector?

En este caso, la Contraloría concluyó que no se configuró conflicto de intereses, porque las facturas de la empresa correspondían a servicios de transporte ajenos al sector pesquero o acuícola y no hubo contrataciones con entidades públicas ni transferencias de recursos desde la Subsecretaría de Pesca y Acuicultura.

¿Qué debe hacer un funcionario público que todavía es dueño de una sociedad que puede tener relación con sus funciones?

En este caso, la Contraloría previno que, al seguir siendo propietario de la sociedad, el funcionario debe abstenerse de intervenir en asuntos que puedan afectar su imparcialidad.

¿Las reuniones de un funcionario con particulares, registradas bajo la Ley del Lobby, implican un conflicto de intereses con su empresa?

En este caso, la Contraloría determinó que las reuniones del funcionario, registradas según la Ley del Lobby, no se vincularon con la empresa de su propiedad, por lo que no se acreditó un conflicto de intereses por ese motivo.

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