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El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad cont…

Sentencia · Tribunal Constitucional · 2019

Resumen

El Tribunal Constitucional acogió parcialmente un requerimiento de inaplicabilidad contra el artículo 8°, letra d), inciso final, de la Ley N° 18.834 (Estatuto Administrativo). La requirente cuestionaba la norma que exige calificación en lista N° 1 para la permanencia en cargos de jefatura, argumentando que vulneraba garantías constitucionales como el fuero gremial y la libertad sindical. El Tribunal sostuvo que dicha exigencia es razonable y proporcional, basada en principios de mérito y jerarquía propios de la carrera funcionaria, y que el fuero gremial no impide el cese por pérdida de un requisito legal objetivo. Sin embargo, en la parte resolutiva, el Tribunal concluyó que la norma impugnada afecta la independencia judicial al obligar al juez penal a ordenar privación de libertad efectiva por un año sin alternativas, lo que contraviene la Constitución. Por ello, acogió parcialmente el requerimiento, declarando inaplicable el artículo 196 ter de la Ley N° 18.290 en el caso concreto.

Normas citadas

  • artículo 397, inciso N/A, numeral 10, letra N/A, párrafo N/A, frase "N/A", de Código Penal
  • Constitución Política, artículo 1, inciso cuarto
  • Constitución Política, artículo 19, inciso segundo, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 19, inciso cuarto, numeral 3
  • Constitución Política, artículo 6, inciso tercero
  • Constitución Política, artículo 7, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 8, inciso primero
  • Constitución Política, artículo 13, inciso cuarto
Tribunal ConstitucionalINADebido ProcesoDelito de conducción en estado de ebriedadPrincipio de proporcionalidad de la PenaDerecho A La Libertad Personal Y Seguridad Individual

Preguntas frecuentes

¿Es constitucional exigir calificación en lista N° 1 para mantenerse en cargos de jefatura en la administración pública?

En este caso, el Tribunal Constitucional consideró que dicha exigencia se funda en los principios de mérito y jerarquía propios de la carrera funcionaria, por lo que la estimó ajustada a la Constitución.

¿Puede un juez penal ser obligado a ordenar privación de libertad efectiva sin alternativas y afectar su independencia judicial?

En este caso, el Tribunal Constitucional concluyó que una norma que obliga al juez penal a ordenar privación de libertad efectiva por un año sin alternativas vulnera la independencia judicial, y declaró inaplicable en el caso concreto el artículo 196 ter de la Ley N° 18.290.

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